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Guatemala
Ileana Alamilla
En un reciente foro sobre Libertad de Prensa y la Ley de
Acceso a la Información Pública, que lamentablemente pasó
casi desapercibido, Roberto Alejos, presidente del Congreso,
abordó el tema y asumió importantes compromisos.
Según el político, se está gestando un cambio en las
relaciones de poder, ya que se ha estado asumiendo la
obligación de rendir cuentas por parte de quienes ejercen
una función pública. Señaló que hay un grupo considerable de
diputadas(os) que ejercen con seriedad la función
fiscalizadora. Es obligado reconocer el trabajo tenaz de
diputadas como Nineth Montenegro, una de las políticas más
respetadas en el país, quien ha contribuido a que se
transparente el manejo y ejecución de los recursos estatales,
y el de Rosa María de Frade, impulsoras de la Ley, junto a
Nineth, ambas luchadoras por la transparencia en la gestión
pública.
La Ley alcanzará en abril un año de vigencia, y aunque
todavía no hay una evaluación sobre su cumplimiento, tenemos
evidencias de que desde las instituciones públicas hay
oposición y resistencias, disfrazadas de obstáculos legales
y excusas, las que han impuesto grandes barreras para
conocer un bien que nos pertenece a todos (as): la
información.
En los ministerios y otras oficinas de gobierno,
funcionarios de alto rango buscan subterfugios legales para
no entregar la información o para intentar blindarla. Luis
Marroquín, vicepresidente de la Comisión de Libertad de
Prensa, SIP, participante en la mesa, aseguró que la norma
ha sido maliciosamente interpretada para negar la
información o retrasar su entrega.
Algunas municipalidades hasta se han atrevido a exigir
requisitos que no están establecidos en la ley, y cuando los
usuarios insisten, se convierte en un foco de tensión. Hay
que reconocer también el vacío de conocimiento de esa
normativa, tanto por los sujetos activos como por los
obligados, pero contra su observancia no puede alegarse
ignorancia.
Rolando Archila, presidente de la Cámara de Periodismo,
resumió preocupaciones de algunas redacciones de los medios,
entre ellas: un incremento del burocratismo en el
procesamiento de la información, ausencia de sanciones
fuertes a quienes incumplen, autoridades que se escudan en
la secretividad, alargamiento de plazos para conseguir
información, ya que datos que antes estaban a la mano, ahora
se consiguen hasta 10 días después. Agregó que la
Municipalidad de Guatemala ha negado 40 de las 240
solicitudes que se le han formulado.
Además de estos obstáculos malintencionados, no todas las
entidades tienen una Unidad de Información Pública; a las
solicitudes les imponen los 10 días de plazo, que son
prorrogables, con lo que los reporteros se ven afectados en
su labor y restringidos en un derecho, cuyos efectos
automáticamente se trasladan a la sociedad, que se ve
coartada de conocer hechos de su interés.
Sería pertinente que desde el gremio hagamos valer con
energía el artículo 35 de la Constitución, que claramente
establece que es libre el acceso a las fuentes de
información, y que ninguna autoridad podrá limitar ese
derecho. No debemos aceptar que nos encasillen en requisitos
que no aplican para la Prensa. No hay colisión de normas, la
Carta Magna no admite estas interpretaciones. No suplicamos,
sino que exigimos. Alejos ofreció cerrar filas; le tomamos
la palabra.
Mi solidaridad con Nineth y su familia.
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